Antonio Martínez Dagnino, líder del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha revelado una estrategia contundente para erradicar la evasión fiscal y la proliferación de comprobantes fiscales apócrifos. Estas medidas buscan fortalecer el control tributario y asegurar un entorno fiscal más justo.
En una reciente rueda de prensa, Dagnino detalló las acciones implementadas para combatir la creación de empresas fantasma. Entre ellas, se destaca la optimización del proceso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la obligatoriedad de la firma electrónica para la emisión de facturas. Adicionalmente, la entrega inmediata de estos documentos se ha modificado para permitir una vigilancia más efectiva.
“Se ha implementado un requisito fundamental: las entidades ahora deben acreditar de forma fehaciente que el domicilio fiscal declarado es su sede real, y no la de un tercero. Esto evita la simulación de operaciones y previene la elusión del pago de impuestos a través de prestanombres”, explicó Martínez Dagnino.
Estas iniciativas, subraya el titular del SAT, están diseñadas para garantizar la equidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, beneficiando así a toda la ciudadanía.
En lo que respecta a la lucha contra los generadores de facturas fraudulentas, el SAT ha calificado la comercialización de comprobantes apócrifos como un delito grave. Por ello, se confía en que el Congreso de la Unión dé luz verde a las necesarias enmiendas al Código Fiscal de la Federación.
“Nuestra propuesta de solución se centra en una reforma integral del Código Fiscal. Buscamos incorporar un nuevo artículo que establezca un procedimiento ágil, no superior a 24 días. Como medida preventiva, se suspenderán los sellos fiscales para facturar desde el inicio del proceso, siempre garantizando el derecho de audiencia del contribuyente”, detalló el funcionario.
“Además, los socios, accionistas y representantes legales involucrados en la venta de facturas ilícitas no podrán constituir nuevas empresas. Quienes hayan adquirido estos comprobantes deberán regularizar su situación, y sus sellos de facturación serán revocados, respetando en todo momento las garantías procesales. Se contempla incluso la aplicación de prisión preventiva oficiosa para aquellos que, sin ser contribuyentes, causan daño al erario público”, añadió.
Por otro lado, Édgar Amador Zamora, quien dirige la Procuraduría Fiscal de la Federación, informó sobre las denuncias interpuestas en relación con el robo de hidrocarburos a gran escala, las cuales suman aproximadamente 16 mil millones de pesos.
Durante la misma conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que no existen cifras oficiales consolidadas por parte de la Secretaría de Hacienda sobre el impacto económico del contrabando de combustibles.
“Hasta la fecha, no disponemos de información oficial unificada al respecto. La razón principal es la necesidad de conciliar y validar todos los datos disponibles para obtener una cifra certera”, puntualizó.
OdL
aDB
