Benjamín Rubio Chávez: Prioridades Estratégicas para la Defensoría Pública Federal
El recién nombrado titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Benjamín Rubio Chávez, ha delineado una agenda ambiciosa centrada en la expansión del acceso a la justicia para comunidades indígenas y la revitalización de un laboratorio forense esencial. En una reveladora entrevista con El Heraldo de México, a poco más de un mes de asumir su liderazgo, Rubio Chávez expuso los retos inherentes a su cargo, los planes de reforma interna para fortalecer el vínculo con la ciudadanía, la continuidad de programas clave, y su visión sobre la reforma a la Ley de Amparo y las complejidades de las defensorías locales.
Acercando la Justicia a Comunidades Remotas y Grupos Vulnerables
Uno de los pilares de la gestión de Rubio Chávez es mitigar la concentración de defensores públicos federales en áreas urbanas. Para abordar esta disparidad, se implementarán estrategias para extender la cobertura a zonas remotas, haciendo uso de brigadas itinerantes.
“El 17 de octubre marca el inicio de esta iniciativa. En Hidalgo, específicamente en Huejutla, un municipio de la Huasteca Potosina con una población mayoritariamente náhuatl, hemos desplazado a un asesor para ofrecer una consulta jurídica combinada e intercultural”, detalló Rubio Chávez, destacando el enfoque intercultural en la prestación de servicios.
El titular del IFDP aclaró que la actual plantilla de asesores jurídicos y defensores públicos (356 y 870, respectivamente) es adecuada para satisfacer la demanda actual, sin requerir un aumento de personal. El instituto ha demostrado su capacidad de gestión, habiendo tramitado entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 un total de 32,159 casos de defensa penal y 33,413 de asesoría legal.
Impulso al Laboratorio de Ciencias Forenses del IFDP
En un esfuerzo por fortalecer las capacidades técnicas de la institución, Rubio Chávez presentará una solicitud formal al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para reactivar el proyecto de creación de un laboratorio de ciencias forenses en el IFDP. Actualmente, el instituto cuenta con un sólido equipo de 60 peritos distribuidos en 37 especialidades, quienes brindan más de 25,000 servicios anuales, lo que subraya la necesidad crítica de una instalación de mayor envergadura y tecnología.
Esta iniciativa no es nueva, ya que Netzaí Sandoval, anterior director del IFDP, había propuesto en 2022 la utilización de un edificio previamente destinado a tribunales en Tlalnepantla, perteneciente al entonces Consejo de la Judicatura Federal, el cual se encontraba desocupado. Rubio Chávez confirmó que el inmueble sigue sin uso y podría ser una opción viable, a expensas de la aprobación del OAJ.
“Reactivaremos el proyecto, ya que quedó pendiente. Es una idea valiosa que podría ser de gran ayuda para nuestros defensores y asesores en los procesos judiciales”, afirmó convencido.
Continuidad y Expansión de Programas de Apoyo
El magistrado ha asegurado la permanencia y el fortalecimiento de programas ya establecidos, como la representación legal para mujeres privadas de libertad y familiares de víctimas de feminicidio. Adicionalmente, se prevé la expansión de esta asistencia a menores víctimas de violencia sexual, ampliando el alcance de la protección.
Taissia Cruz Parcero, exdirectora del Instituto, había enfatizado la urgencia de una Ley General de Defensoría Pública que permitiera estandarizar los protocolos de atención a nivel nacional. En consonancia con esta visión, el magistrado coincide en la necesidad de unificar las defensorías federales y locales bajo una única entidad, lo que facilitaría el acceso a los servicios legales.
“La fragmentación actual entre defensorías locales y federales, además de las procuradurías, exige una gran movilidad para acceder a los servicios. Esto puede generar inconvenientes, como la pérdida de tiempo y recursos para el ciudadano que es remitido a otra instancia por incompetencia”, explicó, resaltando los desafíos prácticos que enfrenta la ciudadanía.
Afrontando los Desafíos de la Ley de Amparo y la Reforma Judicial
Rubio Chávez comparte la perspectiva de Cruz Parcero respecto a la sobrecarga de trabajo en las defensorías estatales. En este contexto, considera la reciente reforma a la Ley de Amparo como un paso necesario y valora sus aportaciones positivas.
“Valoro positivamente la obligación impuesta a los jueces de analizar todos los puntos necesarios en las medidas cautelares, incluyendo la apariencia del buen derecho, una omisión frecuente en la práctica judicial anterior”, señaló, reconociendo una mejora en el análisis judicial.
Ante la posible repercusión de esta reforma en la Defensoría Pública, el magistrado respondió: “Podría impactar en las defensas. Nuestros asesores y defensores deberán, si una norma resulta ser inconstitucional, hacerla valer mediante los recursos pertinentes. Si una norma vigente o anterior nos afecta, debemos impugnarla mediante amparo contra leyes”, sentenció, mostrando la proactividad necesaria para defender los derechos en el nuevo marco legal.
LA
aDB
