El Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino, ha anunciado importantes medidas para combatir la evasión fiscal y la proliferación de comprobantes apócrifos. Estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de control y asegurar un sistema tributario más equitativo.
En una reciente conferencia de prensa, Dagnino detalló las estrategias implementadas para desincentivar la creación de empresas fantasma. Entre las acciones clave se encuentran la modificación del proceso de registro en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la obligatoriedad de la firma electrónica para la emisión de facturas, y un nuevo sistema de entrega de estos documentos que permite una supervisión más efectiva.
“Ahora, las empresas deben acreditar que su domicilio fiscal es real y no el de un tercero que pueda actuar como prestanombres para simular operaciones y evadir impuestos”, explicó Martínez Dagnino. Este requisito pretende garantizar la veracidad de la información declarada y evitar esquemas fraudulentos.
Estas iniciativas del SAT tienen como objetivo primordial establecer condiciones de competencia fiscal justas y beneficiar a toda la ciudadanía a través de una recaudación más eficiente de los recursos públicos.
En cuanto a la lucha contra la emisión y comercialización de facturas falsas, el titular del SAT resaltó que esta actividad ya es considerada un delito grave. Se confía en que el Congreso de la Unión respalde las reformas al Código Fiscal para endurecer las sanciones y los procesos de combate.
“Nuestra propuesta es reformar el Código Fiscal de la Federación, incorporando el artículo 19. Las modificaciones plantean un procedimiento ágil, no mayor a 24 días, y la suspensión inmediata de sellos fiscales para facturar desde el inicio del proceso, siempre salvaguardando el derecho de audiencia del contribuyente”, afirmó Dagnino.
“Adicionalmente, se impedirá que socios, accionistas y representantes legales involucrados en la venta de facturas ilícitas registren nuevas empresas. Quienes hayan adquirido estos comprobantes deberán regularizar su situación fiscal, y sus sellos de facturación serán revocados, respetando sus garantías. Se contempla la aplicación de prisión preventiva oficiosa para quienes, sin ser contribuyentes, causen daño al erario público”, añadió.
Por otro lado, Édgar Amador Zamora, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, señaló que las denuncias relacionadas con el robo de hidrocarburos a gran escala ya alcanzan una cifra aproximada de 16 mil millones de pesos. Esta problemática representa un desafío significativo para las finanzas públicas.
Durante la misma conferencia, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que la Secretaría de Hacienda no cuenta con cifras oficiales sobre el impacto económico del contrabando de combustibles. Sheinbaum explicó que la falta de datos consolidados se debe precisamente a la necesidad de unificar y conciliar la información existente.
“Hasta el momento, no disponemos de información oficial sobre el monto económico del contrabando de hidrocarburos. La dificultad radica en la necesidad de conciliar todos los datos que se recopilan”, precisó.
aDB
