Un incidente grave en un centro de salud ha derivado en una sanción administrativa ejemplar. El pasado 26 de marzo, un paciente acudió a urgencias y denunció que el profesional que le atendió presentaba síntomas evidentes de embriaguez, percibiendo un fuerte olor a alcohol. La denuncia formal se realizó el 5 de mayo, y sus implicaciones se han hecho públicas recientemente.
Tras la denuncia, se inició una investigación penal. Sin embargo, esta vía se archivó al determinarse que los hechos no constituían un delito tipificado en el Código Penal. Consecuentemente, el Ministerio Público Fiscal trasladó el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). La FIA concluyó que el caso se trataba de una falta administrativa y disciplinaria, desestimando la naturaleza penal del suceso.
Sanción Administrativa Expedita por Conducta Profesional Inapropiada
La FIA, al constatar la evidencia del incidente, determinó que era procedente aplicar un procedimiento de sanción directa y expedita. Esta medida se ampara en la normativa vigente y permite una respuesta rápida ante faltas administrativas graves. El organismo destacó la importancia de agilizar estos procesos para mantener la integridad y la confianza en el sistema de salud.
Potestad de Sanción Inmediata para Profesionales de la Salud
La resolución de la FIA se fundamenta en el artículo 56 de la Ley 1279, que faculta la imposición de sanciones de manera inmediata cuando se ven afectadas la conducta y el desempeño de los profesionales de la salud. Este procedimiento expedito no solo agiliza las investigaciones disciplinarias y optimiza el uso de recursos, sino que también refuerza la rendición de cuentas individual de los facultativos. La FIA subraya que la inmediatez y la celeridad en la respuesta son cruciales para garantizar la calidad y la seguridad de la atención sanitaria.
“El propósito de un procedimiento disciplinario es asegurar el correcto funcionamiento de la administración y orientar el actuar del funcionario hacia los principios de probidad”, se enfatizó en la resolución. En línea con esto, se recomendó de forma explícita al Ministerio de Salud actuar conforme a sus competencias legales, en caso de que se confirmara la veracidad de la denuncia.
Fuentes del sector de la salud pública consultadas confirmaron que, ante situaciones de esta naturaleza, es una práctica común la suspensión provisional de los empleados mientras se lleva a cabo la investigación. “Todas las actuaciones se desarrollan respetando plenamente el derecho a un juicio justo, la legislación laboral vigente y los principios fundamentales de protección de la salud pública”, añadieron.
En resumen, aunque la denuncia penal no prosperó, la directriz emitida por la FIA abre la vía a una posible sanción disciplinaria con un carácter ejemplar. Este caso podría establecer un importante precedente en el ámbito hospitalario, reforzando la exigencia de profesionalismo y responsabilidad en la atención médica.
OdL
aDB
