El 29 de octubre de 2025, ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), un juez de control en Torreón dictaminó otorgar libertad supervisada a Néstor Estiven N. Este individuo está vinculado con la agresión que provocó el trágico fallecimiento del juez deportivo aficionado Nurdin Emmanuel Ayala Gallegos en una instalación deportiva local. La medida judicial contempla una libertad provisional de dos años, con comparecencias quincenales ante las autoridades y una orden de restricción perimetral de 500 metros respecto a los familiares de la víctima.
Este caso ha generado gran atención en la comunidad, destacando la importancia de la justicia y la seguridad en eventos deportivos amateurs.
Investigación y detalles del fallecimiento del juez deportivo Nurdin Emmanuel en Torreón
El lamentable suceso tuvo lugar el sábado 15 de marzo de 2025 en el campo de fútbol rápido conocido como La Bombonera Fut Sala, situado en la zona este de Torreón. Según testigos y reportes de prensa, Ayala Gallegos sufrió una severa agresión justo al finalizar un partido deportivo. Las heridas sufridas fueron de tal gravedad que requirieron su traslado inmediato a un hospital. Lamentablemente, tras varios días luchando por su vida en cuidados intensivos, el árbitro expiró el jueves 20 de marzo de 2025, a causa de las lesiones infligidas.
La FGEC inició de inmediato una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades en este caso de homicidio. Paralelamente, la administración municipal procedió a la clausura del recinto deportivo donde ocurrieron los hechos, como medida preventiva y de señalización.
Durante la audiencia clave del proceso, la defensa de Néstor Estiven N, apodado “El Bebote” por medios locales, solicitó la libertad condicional, proponiendo una firma mensual como medida precautoria. En contraposición, los familiares de la víctima exigieron una frecuencia quincenal para las firmas, buscando una mayor garantía de control sobre el acusado.
El tribunal atendió la solicitud de los deudos, imponiendo la firma quincenal y estableciendo la prohibición de acercarse a los allegados de Ayala Gallegos a una distancia menor de 500 metros. El periodo de libertad condicional se fijó en dos años, bajo estricta supervisión.
En su fallo, el juez consideró la ausencia de antecedentes penales del acusado por homicidio intencional, motivo por el cual se le concedió este beneficio. Las restricciones cautelares impuestas buscan asegurar el cumplimiento de la ley y serán monitoreadas durante todo el periodo de libertad supervisada. A continuación, se detallan las directrices fundamentales que el imputado deberá seguir:
- El imputado deberá presentarse cada quince días ante el juzgado o la autoridad designada para cumplir con su firma.
- Deberá mantener actualizados sus datos de contacto y no podrá abandonar el país ni cambiar de residencia sin obtener la autorización previa de las autoridades competentes.
- Es imperativo que se mantenga a una distancia mínima de 500 metros de cualquier familiar de la víctima.
- Se le exige la abstención absoluta de cometer nuevas infracciones legales durante el tiempo que dure la libertad condicional.
Este periodo de dos años estará sujeto a una continua evaluación por parte de la autoridad judicial. Cualquier incumplimiento de estas normativas podría resultar en la anulación inmediata del beneficio concedido y la reaplicación de medidas cautelares más severas.
Reacciones familiares y el futuro legal tras la agresión al árbitro
Los familiares de Ayala Gallegos, quienes siguieron de cerca cada detalle de la audiencia, expresaron públicamente su profundo desacuerdo con la decisión de otorgar la libertad supervisada al acusado. Manifestaron claramente que esperaban una resolución judicial más contundente, que incluyera la permanencia del agresor en prisión. El caso ha sido seguido con gran interés por el colectivo de árbitros de la región de La Laguna, así como por diversos medios de comunicación locales, quienes han documentado la evolución del proceso.
Esta lamentable agresión ha puesto de manifiesto la urgencia de revisar y reforzar los protocolos de seguridad en todas las instalaciones deportivas para aficionados. El trágico deceso del árbitro, cuya labor era fundamental en los encuentros, ha generado un llamado a la reflexión sobre la protección de los oficiales de juego, especialmente ante la posibilidad de que, según algunas versiones, el árbitro no estuviera en funciones al momento del incidente.
Con la implementación de la libertad condicional, el proceso legal continuará bajo estricta supervisión. La FGEC mantiene su compromiso de llevar a cabo una indagación completa para esclarecer todos los aspectos de los hechos y determinar si existen responsabilidades adicionales que deban ser perseguidas conforme a la ley.
Esta determinación judicial marca un paso importante en el proceso judicial del caso, pero no representa el fin del recorrido legal. La vía penal sigue activa y las instancias competentes se reservan el derecho de emprender acciones de seguimiento y escrutinio continuo.
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