Un veredicto trascendental ha sacudido los cimientos de Bangladesh. Tras un exhaustivo proceso judicial que se extendió por cinco meses, la anterior líder del gobierno de la nación, Sheikh Hasina, ha sido sentenciada a la pena capital por un tribunal en Daca, la capital. La condena se fundamenta en pruebas que apuntan a su responsabilidad en la brutal represión de protestas ocurridas durante el verano de 2024, un periodo que lamentablemente cobró la vida de más de 1.500 personas, según cifras oficiales de la Agencia de las Naciones Unidas (ONU).
El magistrado Golam Mortuza Mozumder determinó la culpabilidad de Hasina por graves violaciones a los derechos humanos, concluyendo que incitó y ordenó **ejecuciones extrajudiciales** durante las intensas movilizaciones contra su gobierno en 2024.
La severidad de la sentencia también alcanzó al entonces titular de la cartera del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Por otro lado, el exdirector de la policía Chowdhury Abdullah Al Mamun, quien admitió su implicación en los hechos, recibió una condena de cinco años de prisión.
Sheikh Hasina califica el proceso judicial como una simulación legal
Desde su actual refugio en territorio indio, la exmandataria Sheikh Hasina ha emitido un comunicado categórico, denunciando el proceso que culminó en su condena. Ha descrito el juicio como una burda simulación legal, argumentando vehementemente que “la resolución estaba predeterminada desde el inicio”, tal como declaró.
Asimismo, ha manifestado su firme voluntad de defenderse “ante un foro judicial genuinamente neutral”, poniendo en tela de juicio la validez de las grabaciones presentadas por la fiscalía, las cuales sugieren la utilización de **armamento letal** contra los manifestantes pacíficos.
Sheikh Hasina: investigada por homicidios y desapariciones forzadas de disidentes
La información difundida por Vatican News revela que, al margen del juicio recientemente concluido, Hasina se encuentra bajo investigación por graves delitos, incluyendo homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de opositores políticos.
“Un informe reciente de una comisión investigadora estima que más de 250 personas habrían desaparecido bajo la autoridad de su administración. La exlíder del gobierno, actualmente asilada en la India, mantiene su negativa a asumir cualquier tipo de responsabilidad”, se detalla en la publicación.
OdL
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