Benjamín Rubio Chávez, el flamante titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), ha delineado una hoja de ruta clara para su gestión. Sus prioridades se centran en expandir el acceso a servicios legales gratuitos para las comunidades indígenas y en revivir un laboratorio de ciencias forenses crucial para la impartición de justicia.
En una entrevista exclusiva con El Heraldo de México, apenas un mes después de asumir su cargo, el magistrado Rubio Chávez compartió los retos que enfrenta el IFDP. Abordó las reformas internas diseñadas para optimizar la cercanía con la ciudadanía, asegurar la continuidad de programas esenciales, la trascendencia de la reforma a la Ley de Amparo y las complejas dificultades que aquejan a las defensorías locales en todo el país. Subrayó la concentración de defensores públicos federales en zonas urbanas y la urgencia de extender la cobertura a regiones remotas mediante estrategias innovadoras como brigadas itinerantes.
“A partir del 17 de octubre, iniciamos esta iniciativa. En Hidalgo, específicamente en Huejutla, un municipio clave de la Huasteca Potosina con una población predominantemente náhuatl, hemos desplegado un asesor especializado para ofrecer consultas jurídicas que combinan el conocimiento legal con la comprensión intercultural”, detalló Rubio Chávez.
En cuanto a la capacidad operativa, Rubio Chávez aclaró que la plantilla actual de asesores jurídicos y defensores públicos (356 y 870, respectivamente) es suficiente para atender la demanda del IFDP, sin prever un aumento inmediato de personal. Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, el instituto gestionó un volumen significativo de casos, registrando 32,159 defensas penales y 33,413 asesorías legales.
Impulso a la Creación de un Laboratorio Forense en el IFDP
Rubio Chávez anunció su intención de solicitar formalmente al Órgano de Administración Judicial (OAJ) la revitalización y puesta en marcha del proyecto para establecer un laboratorio de ciencias forenses dentro del IFDP. La institución cuenta actualmente con un equipo de 60 peritos distribuidos en 37 especialidades, quienes proveen más de 25,000 servicios. La creciente demanda y la complejidad de los casos evidencian la necesidad imperante de una instalación forense más robusta y equipada.
Esta propuesta no es nueva; ya fue planteada por Netzaí Sandoval, anterior director del IFDP. En 2022, Sandoval había sugerido la utilización de un edificio propiedad del entonces Consejo de la Judicatura Federal en Tlalnepantla. Dicho inmueble, que se encontraba desocupado y originalmente destinado a tribunales, sigue sin uso. Rubio Chávez confirmó la viabilidad de esta opción, pendiente de la aprobación y decisión del OAJ.
“Estamos decididos a reactivar este proyecto que quedó en pausa. Es una iniciativa de gran valor que fortalecerá significativamente las capacidades de nuestros defensores y asesores en el desarrollo de los procesos judiciales”, afirmó el titular del IFDP.
El magistrado también reafirmó el compromiso del IFDP con la continuidad de programas de asistencia legal vitales. Estos incluyen la representación para mujeres privadas de libertad y el apoyo a familiares de víctimas de feminicidio. Se exploran planes para ampliar esta cobertura, incluyendo la asistencia a menores que han sido víctimas de violencia sexual.
Taissia Cruz Parcero, reconocida exdirectora del Instituto, había previamente enfatizado la importancia de contar con una Ley General de Defensoría Pública que permitiera estandarizar los protocolos de atención a nivel nacional. En esta línea, el magistrado Rubio Chávez comparte la visión de unificar las defensorías federales y locales bajo una sola entidad para una mayor eficiencia.
“La actual fragmentación entre defensorías locales y federales, sumada a las procuradurías, obliga a los ciudadanos a una movilidad considerable para acceder a los servicios. Esto se traduce en pérdidas de tiempo y recursos, e incluso en el envío de personas a otras instancias por cuestiones de competencia”, explicó el magistrado.
Compartiendo la perspectiva de Cruz Parcero sobre la sobrecarga de trabajo en las defensorías estatales, el magistrado considera la reforma a la Ley de Amparo como un paso necesario y destaca sus beneficios. Reconoce que esta reforma traerá consigo aspectos positivos que impactarán en la práctica jurídica.
“Valoro enormemente la obligación impuesta a los jueces para que analicen exhaustivamente todos los elementos necesarios al resolver sobre medidas cautelares, incluyendo la apariencia del buen derecho. Esta era una omisión frecuente en la práctica judicial previa a la reforma”, señaló.
Ante la consulta sobre si esta reforma podría tener repercusiones en la labor de la Defensoría Pública, Rubio Chávez respondió:
“Sí, podría haber un impacto en las defensas. Nuestros asesores y defensores deberán estar atentos y, en caso de identificar una norma que resulte inconstitucional, promoverán los recursos pertinentes para hacerla valer. Si una disposición legal vigente o anterior nos perjudica, nuestra obligación será impugnarla mediante el juicio de amparo contra leyes”, concluyó.
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