Nueva Legislación Antiextorsión en México: Endurecimiento de Penas y Nuevas Medidas de Control Penitenciario

México avanza firmemente en la erradicación de la extorsión con la promulgación de una nueva y robusta ley. Esta legislación busca fortalecer los mecanismos de seguridad en el país, imponiendo sanciones más severas y estableciendo un plazo definido para la implementación tecnológica en centros penitenciarios. El objetivo primordial es coartar la capacidad de los delincuentes para operar desde el interior de las cárceles.

Objetivos Estratégicos de la Nueva Ley Contra la Extorsión

La reciente normativa, aprobada unánimemente en comisiones del Senado, va más allá de un simple incremento de penas. Su enfoque abarca la eliminación de las facilidades que podrían permitir la continuidad de actividades delictivas desde el ámbito penitenciario. El propósito central es evitar que los internos utilicen dispositivos de comunicación para seguir extorsionando a ciudadanos y empresas.

Implementación Tecnológica en 180 Días: Un Plazo Crucial

Uno de los pilares fundamentales de esta ley es su disposición transitoria. Se ha concedido un periodo de 180 días hábiles a partir de la fecha de entrada en vigor para que las autoridades penitenciarias implementen las tecnologías y los procedimientos necesarios. Estas medidas están diseñadas para inhibir de manera efectiva la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación, y cualquier forma de transmisión de voz, datos o imagen dentro de los recintos carcelarios.

El Artículo 38 de la ley detalla esta obligatoriedad:

“Los centros penitenciarios deberán establecer, conforme a las disposiciones aplicables, los procedimientos y las tecnologías correspondientes para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen, dentro de su perímetro.”

Consecuencias del Incumplimiento: Sanciones Severas

La ley es contundente respecto a las repercusiones de no adherirse a lo estipulado. El artículo 38, al no ser acatado, será catalogado como una falta grave en materia de responsabilidades administrativas. Esto, sin menoscabo de las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse.

Ampliación de Penas y Responsabilidades: Un Enfoque Integral

Además de las medidas tecnológicas, la nueva ley contra la extorsión introduce un endurecimiento significativo en las penas y una mayor responsabilidad para los funcionarios del sistema penitenciario.

Sanciones Agravadas para Autoridades Penitenciarias

Se estipula que los directores de los centros penitenciarios, tanto a nivel federal como estatal, son responsables de garantizar que los reclusos sentenciados por extorsión no tengan acceso a medios digitales. Esto incluye teléfonos celulares, tabletas o computadoras.

El Artículo 24 de la ley introduce una sanción drástica para los servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten o permitan la comisión del delito de extorsión. A la pena base de 15 a 25 años de prisión, se adicionarán entre tres y cinco años adicionales, elevando la pena máxima a 30 años de prisión para estos individuos.

Reparación del Daño y Destino de Recursos Decomisados

La ley subraya la importancia de la reparación del daño a las víctimas, calificándola como una pena pública. Esta deberá ser impuesta a todo aquel declarado culpable.

Asimismo, se establece que los recursos económicos obtenidos mediante procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio, provenientes de delitos de extorsión, se destinarán preferentemente a la restitución de los derechos de las víctimas.

Proceso Legislativo y Consenso Político: Un Esfuerzo Conjunto

La aprobación de esta ley ha sido resultado de un amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Senado. Senadores de oposición, como Alejandra Barrales (MC), Carolina Viggiano (PRI) y Guadalupe Murguía (PAN), manifestaron su respaldo, reconociendo la relevancia de estas reformas para combatir eficazmente la extorsión. Por su parte, bancadas oficialistas como el PT, Verde y Morena expresaron su apoyo incondicional al dictamen.

Se anticipa que el pleno del Senado ratifique la ley en los próximos días, para luego remitirla a la Cámara de Diputados para su aprobación final.

Puntos Clave de la Nueva Ley Antiextorsión:

• Plazo de 180 días: Tiempo otorgado a los centros penitenciarios para implementar tecnologías de inhibición de comunicaciones.
• Inhibición de Comunicaciones: Bloqueo efectivo de llamadas celulares, radiocomunicación, y transmisión de voz, datos o imagen.
• Sanciones Elevadas para Funcionarios: Hasta 30 años de prisión para autoridades penitenciarias que faciliten o permitan delitos de extorsión.
• Restricción de Acceso a Medios Digitales: Prohibición explícita de que reclusos accedan a celulares, tabletas o computadoras.
• Incumplimiento Considerado Falta Grave: El no acatar las medidas de seguridad se tipifica como una falta administrativa grave.
• Reparación del Daño Prioritaria: Reconocida como pena pública y de máxima importancia para las víctimas.
• Destino de Recursos Decomisados: Los bienes incautados se utilizarán primordialmente para resarcir a las víctimas de extorsión.

Esta nueva legislación marca un hito en el compromiso del Estado mexicano por reforzar la seguridad pública y proteger a la ciudadanía ante uno de los flagelos más perjudiciales.

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