El partido Morena, a través de sus representantes en la Cámara de Diputados, ha presentado una propuesta legislativa clave. Esta iniciativa busca imponer severas sanciones penales a aquellos individuos que utilicen las redes sociales para incitar, alentar o facilitar el suicidio de otras personas.
Esta importante reforma se enfoca en el artículo 312 del Código Penal Federal, y ha sido impulsada activamente por la diputada Mónica Fernández César, miembro de Morena. El objetivo primordial es prevenir y castigar la instigación al suicidio a través de medios digitales.
La propuesta detalla que la instigación al suicidio, cuando se realiza mediante el uso de redes sociales, podría acarrear penas de prisión de uno a cinco años. Si esta instigación directamente conduce a la consumación del acto, las penas se elevan considerablemente, oscilando entre cuatro y doce años de privación de libertad.
En casos donde se confirme el uso de plataformas digitales para la comisión de este grave delito, el responsable enfrentará una condena adicional. Esta pena suplementaria equivaldrá a la mitad de la sanción inicial impuesta, pudiendo alcanzar hasta 12 años de cárcel, lo que subraya la seriedad con la que se aborda el uso de la tecnología para fines ilícitos.
Adicionalmente, si la incitación al suicidio se lleva a cabo de manera colectiva, las consecuencias van más allá de las repercusiones penales. Se contemplan también importantes sanciones económicas, cuyas multas podrían variar entre 11,314 y 67,884 pesos, buscando disuadir estas acciones perjudiciales a gran escala.
La diputada Fernández César ha sido enfática al aclarar que la intención de esta reforma no es criminalizar las decisiones personales o las vulnerabilidades individuales. Por el contrario, el foco está en penalizar a aquellos que explotan los medios digitales para influir o persuadir a otros a suicidarse. Este enfoque preventivo ya se encuentra implementado en la legislación de países como Australia y Japón.
Durante su intervención, la diputada señaló una preocupante tendencia en México: el notable aumento de grupos sectarios y colectivos en línea. Estos grupos a menudo actúan como manipuladores emocionales, aprovechándose de las inestabilidades psicológicas de las personas y de sus difíciles condiciones socioeconómicas. Lamentablemente, estas tácticas han llegado a promover e incitar activamente al suicidio, lo que pone de manifiesto la urgencia de la medida.
“Nuestra principal finalidad es resguardar la seguridad y el bienestar de todos los usuarios, con especial atención a nuestros jóvenes. Buscamos protegerlos de aquellos que utilizan los medios digitales para ejercer coacción psicológica, con consecuencias devastadoras que pueden culminar en graves perjuicios o incluso fallecimientos autoinducidos”, afirmó la diputada.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan una cruda realidad: las personas que son víctimas de acoso en línea presentan una probabilidad significativamente mayor, entre dos y tres veces, de intentar quitarse la vida. Esta estadística subraya la conexión directa entre el ciberacoso y las tendencias suicidas.
Es crucial identificar los sectores poblacionales en México que resultan más afectados por estas problemáticas. Entre ellos se encuentran los niños, adolescentes y jóvenes en un rango de edad de 10 a 29 años. Además, las mujeres jóvenes, la comunidad LGBTQ+, y aquellas poblaciones que residen en zonas rurales o forman parte de comunidades indígenas enfrentan un riesgo particular y requieren de protección especial.
aDB
