El Tribunal Supremo de Justicia de la Nación (SCJN) marca un hito al organizar su primer encuentro abierto al público el próximo 20 de octubre. El objetivo principal de esta sesión es recabar la perspectiva de las personas con discapacidad y analizar la viabilidad de anular leyes que no hayan contado con su consulta previa.
Originalmente, se esperaba que la declaratoria de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, obtuviera resolución este lunes. Sin embargo, ante la solicitud de las personas con discapacidad para asegurar que sus voces fueran escuchadas y consideradas, el debate fue pospuesto, demostrando un compromiso con la inclusión.
“Hemos recibido un gran número de solicitudes de audiencia, tanto de organizaciones como de individuos, con un profundo interés en los temas centrales de esta declaratoria de inconstitucionalidad. Por ello, hemos tomado la decisión de celebrar la primera audiencia pública dedicada a asuntos de esta magnitud. Invitamos a todas las organizaciones y personas interesadas a estar muy atentas a la convocatoria oficial para participar activamente en esta sesión pública”, anunció el ministro presidente Hugo Aguilar.
La Corte, a través de su resolución en este caso, tiene la oportunidad de redefinir el criterio jurídico existente sobre la invalidación de normativas cuando no se ha realizado la consulta debida a individuos con discapacidad. Este fallo podría sentar un precedente fundamental para la protección de los derechos de este colectivo.
En un esfuerzo por fortalecer el diálogo y la colaboración, los magistrados del SCJN sostuvieron recientemente un encuentro significativo con representantes del Movimiento de Personas con Discapacidad, así como con portavoces de diversas organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos humanos.
Durante esta importante reunión, el ministro Aguilar compartió la determinación del Pleno de llevar a cabo la mencionada audiencia pública en la fecha señalada, evidenciando una voluntad de apertura y participación ciudadana.
El ministro Irving Espinosa Betanzo resaltó la relevancia de esta iniciativa, calificándola como un paso crucial en la construcción de un sistema de justicia más equitativo y accesible para todos los ciudadanos.
“La consecución de la justicia para todas las personas va más allá de los ámbitos legales; constituye un derecho humano fundamental cuya accesibilidad debe garantizarse a cada individuo. De esta forma, se fortalece el edificio de la justicia, particularmente en sus vertientes de carácter social.
“Puedo asegurarles que esta iniciativa, que estamos a punto de implementar y que representa un hito sin precedentes en México, será abordada con la máxima responsabilidad, demostrando un profundo respeto por sus derechos y su inalienable dignidad como personas. Nuestra disposición para escuchar y considerar sus valiosas aportaciones será total”, afirmó.
aDB
