Una denuncia ciudadana ha derivado en una sanción administrativa tras la confirmación de una conducta inapropiada por parte de un profesional de la salud. La decisión formal, comunicada el 5 de mayo, surge a raíz de un incidente ocurrido el 26 de marzo, cuando un paciente acudió a un servicio de urgencias y reportó haber sido atendido por un facultativo que presentaba un notorio olor a alcohol.
Tras la denuncia inicial, se inició una investigación de índole penal. Sin embargo, esta vía concluyó con el archivo de las actuaciones al no haberse configurado un delito tipificado en el Código Penal. Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal remitió los antecedentes a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). La FIA determinó que los hechos correspondían a una falta administrativa y disciplinaria, y no a un ilícito penal. Dada la contundencia de las pruebas, el organismo consideró procedente aplicar un procedimiento sancionador directo y expedito, amparado en la legislación vigente.
Procedimiento Sancionador Administrativo: Potestad y Agilidad
La FIA fundamentó su resolución en el artículo 56 de la Ley 1279, que faculta la imposición de sanciones inmediatas en casos que comprometan la conducta de los profesionales de la salud. Este mecanismo busca agilizar los procesos disciplinarios, optimizar la asignación de recursos y reforzar la responsabilidad individual de los facultativos. La inmediatez en la respuesta se destaca como un pilar fundamental para garantizar la calidad y seguridad en el sistema sanitario.
La resolución subraya que “el objetivo de un proceso de carácter disciplinario es asegurar el correcto proceder en la administración y guiar la conducta del funcionario hacia principios de probidad”. Por ello, se recomendó al Ministerio de Salud proceder de acuerdo a sus facultades legales ante la confirmación de la veracidad de la denuncia.
Expertos del sector público de la salud consultados señalan que, en situaciones similares, la suspensión provisional de los empleados mientras se desarrolla la investigación es una medida pertinente. “Todas las acciones se realizan respetando el derecho a un juicio justo, la normativa laboral aplicable y los preceptos de protección de la salud pública”, manifestaron.
En conclusión, si bien la instancia penal no prosperó, la directriz emitida por la FIA abre la vía para una posible sanción disciplinaria de carácter ejemplar. Este caso podría sentar un importante precedente en la gestión de la conducta profesional dentro del entorno hospitalario y garantizar la atención segura para los pacientes.
aDB
