El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) renueva su enfoque bajo la dirección de Benjamín Rubio Chávez, quien ha delineado dos prioridades fundamentales: ampliar el acceso a la justicia para comunidades indígenas y reestablecer un laboratorio de ciencias forenses de vanguardia.
A poco más de un mes de asumir el liderazgo del IFDP, Rubio Chávez compartió en una entrevista exclusiva con El Heraldo de México los retos actuales, las estrategias de reforma interna para una mayor cercanía con la ciudadanía, la continuidad de programas esenciales, la reforma a la Ley de Amparo y las dificultades inherentes a las defensorías locales. Subrayó que la concentración actual de defensores públicos federales en zonas urbanas exige una expansión estratégica hacia regiones remotas a través de brigadas itinerantes.
“A partir del 17 de octubre, lanzaremos esta iniciativa. En Huejutla, Hidalgo, un municipio con una significativa población náhuatl en la Huasteca Potosina, hemos desplegado un asesor especializado para ofrecer asistencia jurídica adaptada y multicultural”, explicó.
El titular del IFDP aclaró que la plantilla actual de asesores jurídicos (356) y defensores públicos (870) es suficiente para atender la demanda del instituto, sin requerir incrementos de personal. Durante el periodo de noviembre de 2024 a septiembre de 2025, el IFDP gestionó un volumen considerable de casos, abarcando 32,159 en defensa penal y 33,413 en asesoría legal.
Impulso a la Ciencia Forense: Creación de un Laboratorio en el IFDP
Benjamín Rubio Chávez ha anunciado su firme intención de solicitar al Órgano de Administración Judicial (OAJ) la reactivación del ambicioso proyecto para la creación de un laboratorio de ciencias forenses dentro del IFDP. Actualmente, el instituto cuenta con un equipo de 60 peritos distribuidos en 37 especialidades, quienes prestan más de 25,000 servicios anualmente. Esta sólida base de experticia subraya la necesidad urgente de una infraestructura forense de mayor escala.
Esta importante propuesta ya había sido impulsada por Netzaí Sandoval, anterior director del IFDP. En 2022, Sandoval propuso destinar un edificio del entonces Consejo de la Judicatura Federal en Tlalnepantla, que se encontraba sin uso y originalmente designado para tribunales. Rubio Chávez ha confirmado que dicho inmueble permanece desocupado y podría ser una opción viable, pendiente de la decisión del OAJ.
“Revitalizaremos este proyecto, que quedó en espera. Es una iniciativa valiosa que potenciará significativamente a nuestros defensores y asesores en el desarrollo de los procesos judiciales”, afirmó con determinación.
El magistrado ha garantizado la continuidad de programas de crucial importancia, como la representación legal para mujeres privadas de libertad y el apoyo a familiares de víctimas de feminicidio. Se contempla, además, la expansión de esta asistencia a menores que han sido víctimas de violencia sexual, ampliando el espectro de protección.
Taissia Cruz Parcero, exdirectora del Instituto, había enfatizado la necesidad de una Ley General de Defensoría Pública para estandarizar los protocolos de atención y mejorar la eficiencia. En este sentido, el magistrado Rubio Chávez coincide plenamente en la conveniencia de unificar las defensorías federales y locales bajo una única entidad rectora.
“La actual fragmentación entre defensorías locales y federales, sumada a las procuradurías, obliga a una gran movilidad para acceder a los servicios. Esto genera inconvenientes, como la pérdida de tiempo y recursos para el ciudadano, quien a menudo es remitido a otra instancia por motivos de incompetencia”, detalló.
Compartiendo la visión de Cruz Parcero sobre la saturación de trabajo en las defensorías estatales, el magistrado considera la reforma a la Ley de Amparo como un paso necesario y ha resaltado sus aspectos positivos.
“Valoro positivamente la obligación impuesta a los jueces para analizar exhaustivamente todos los puntos relevantes en las medidas cautelares, incluyendo la apariencia del buen derecho, un aspecto que frecuentemente se omitía en la práctica judicial anterior”, explicó el funcionario.
Ante la pregunta sobre el posible impacto de esta reforma en la Defensoría Pública, respondió:
“Podría tener repercusiones significativas en las defensas. Nuestros asesores y defensores deberán, ante la identificación de una norma inconstitucional, hacer valer los recursos pertinentes. Si una ley vigente o anterior nos afecta negativamente, nuestro deber será impugnarla mediante el amparo contra leyes”, concluyó.
aDB
