Nueva Ley Antiextorsión en México: Endurecimiento de Penas y Tecnología para Combatir Delitos desde Prisiones

El combate a la extorsión en México se fortalece con la promulgación de una nueva y robusta legislación. Esta reforma legal integral está diseñada para incrementar las sanciones contra los perpetradores de estos delitos y, crucialmente, para mejorar los sistemas de control dentro de los centros penitenciarios. Una medida destacada es el establecimiento de un plazo perentorio de seis meses para que las cárceles implementen tecnologías avanzadas que neutralicen el uso de dispositivos de comunicación por parte de los reclusos, cerrando así una vía fundamental para la operación de bandas criminales.

Objetivos Estratégicos de la Nueva Ley Antiextorsión

La recién aprobada ley, que contó con un respaldo unánime en las comisiones del Senado (33 votos a favor), va más allá de agravar las penas. Su enfoque principal reside en erradicar las facilidades que, hasta ahora, han permitido a individuos privados de libertad continuar orquestando actividades delictivas, especialmente la extorsión. La meta primordial es impedir de forma efectiva que los internos hagan uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos para mantener sus operaciones criminales.

180 Días para la Implementación Tecnológica en Centros Penitenciarios

Un pilar fundamental de esta normativa es su régimen transitorio, que otorga un lapso de 180 días hábiles desde la fecha de su entrada en vigor. Durante este periodo, las administraciones penitenciarias tienen la obligación de desarrollar e implementar los procedimientos y tecnologías necesarios para bloquear cualquier intento de entrada o salida de llamadas de telefonía celular, sistemas de radiocomunicación, y cualquier forma de transmisión de voz, datos o imagen dentro de los recintos carcelarios.

El Artículo 38 de la ley detalla explícitamente esta directriz:

“Los centros penitenciarios deberán establecer, conforme a las disposiciones aplicables, los procedimientos y las tecnologías correspondientes para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen, dentro de su perímetro.”

Consecuencias del Incumplimiento: Sanciones Claras

La legislación no deja lugar a dudas sobre las repercusiones del incumplimiento. No acatar lo estipulado en el Artículo 38 será catalogado como una falta grave en el ámbito de las responsabilidades administrativas, sin menoscabo de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la negligencia o complicidad.

Endurecimiento de Penas y Ampliación de Responsabilidades

Además de las medidas tecnológicas, la nueva ley contra la extorsión introduce un endurecimiento considerable de las penas y redefine las responsabilidades del personal penitenciario.

Mayor Responsabilidad y Sanciones para Funcionarios Penitenciarios

Se estipula que los directores de los centros penitenciarios, tanto a nivel federal como estatal, deberán implementar acciones contundentes para garantizar que los sentenciados por extorsión no dispongan de acceso a dispositivos digitales como teléfonos móviles, tabletas o computadoras.

El Artículo 24 de la ley contempla una sanción severa para aquellos servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten o permitan la comisión de delitos de extorsión. A la pena base de 15 a 25 años de prisión, se añadirán de tres a cinco años adicionales, elevando la pena máxima potencial a 30 años de reclusión para estos individuos.

Reparación Integral del Daño y Uso de Recursos Decomisados

La ley subraya la importancia crítica de la reparación del daño a las víctimas, estableciendo que esta tendrá carácter de pena pública y deberá ser impuesta a todo imputado declarado culpable.

Adicionalmente, se decreta que los recursos económicos incautados mediante procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio, provenientes de delitos de extorsión, se destinarán preferentemente a la restitución de los derechos de las víctimas, asegurando que los afectados reciban compensación por los perjuicios sufridos.

Consenso Político y Proceso Legislativo para la Nueva Ley

La aprobación de esta ley es el resultado de un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado. Legisladores de oposición como Alejandra Barrales (MC), Carolina Viggiano (PRI) y Guadalupe Murguía (PAN) manifestaron su respaldo, reconociendo la trascendencia de estas reformas para ofrecer una respuesta efectiva ante el flagelo de la extorsión. Por su parte, bancadas afines al gobierno como el PT, Verde y Morena reafirmaron su total apoyo al dictamen.

Se anticipa que el pleno del Senado ratifique la ley en los próximos días, para luego remitirla a la Cámara de Diputados para su aprobación final.

Aspectos Fundamentales de la Nueva Legislación Antiextorsión

• Plazo de Implementación: 180 días para que los centros penitenciarios instalen tecnologías de bloqueo de comunicaciones.
• Inhibición de Comunicaciones: Implementación de sistemas para bloquear llamadas celulares, radiocomunicación y transmisiones de datos e imagen.
• Sanciones Severas para Personal Penitenciario: Hasta 30 años de prisión para funcionarios que colaboren o permitan delitos de extorsión.
• Restricción de Dispositivos Electrónicos: Prohibición explícita del acceso de reclusos a teléfonos móviles, tabletas y computadoras.
• Falta Administrativa Grave: El incumplimiento de las normativas de seguridad será considerado una falta administrativa de alta gravedad.
• Reparación Prioritaria del Daño: Se consolida la reparación del daño como una pena pública de carácter prioritario para las víctimas.
• Destino de Recursos Incautados: Los activos decomisados por extorsión se usarán primordialmente para compensar a las víctimas.

Esta nueva legislación marca un hito importante en el compromiso del Estado mexicano para reforzar la seguridad pública y salvaguardar a la ciudadanía de uno de los delitos con mayor impacto social y económico.

Fuente Original

aDB