Propuesta del PAN sobre ordenamiento territorial en la CDMX.

Ioseph
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Nueva Ley de Ordenamiento Territorial CDMX: Planificación Urbana Inclusiva y Participativa

La Ciudad de México está a punto de dar un paso decisivo hacia una gestión territorial más eficiente y democrática con la presentación de una nueva y ambiciosa iniciativa de Ley de Ordenamiento Territorial. Este proyecto legislativo, impulsado por la diputada Olivia Garza del Partido Acción Nacional (PAN), tiene como objetivo principal sentar las bases para una administración del suelo y del crecimiento urbano más estratégica y consensuada en la capital del país.

Un Proyecto Forjado a Través del Diálogo Ciudadano

La diputada Garza ha enfatizado que esta propuesta legislativa no surge de un vacío, sino del resultado de un profundo y enriquecedor proceso participativo. Se han incorporado más de 60 valiosas propuestas provenientes directamente de la ciudadanía, lo que demuestra un compromiso firme con la democracia y la construcción de normativas “con la gente y para la gente”. Este enfoque colaborativo asegura que la nueva ley refleje las necesidades y aspiraciones de los habitantes de la Ciudad de México, promoviendo un verdadero consenso.

Garza también hizo un llamado urgente a la acción del Congreso, señalando la necesidad de saldar una “deuda legislativa” pendiente. Subrayó que el poder legislativo no debe depender exclusivamente de las propuestas del gobierno, sino asumir su rol proactivo en la dictaminación y aprobación de leyes, cumpliendo con la responsabilidad otorgada por la Constitución.

Pilares Clave de la Nueva Propuesta de Ordenamiento Territorial

La iniciativa de Ley de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de México establece un marco de actuación claro, fundamentado en tres instrumentos esenciales: el Plan General de Desarrollo (PGD), actualmente en consulta pública; el Programa General de Ordenamiento Territorial; y los programas específicos que se diseñarán para cada una de las 16 alcaldías. Esta estructura jerárquica y coordinada garantiza una visión integral y cohesionada del desarrollo urbano en la vasta urbe.

Fortalecimiento de Competencias en Planificación y Ordenamiento Territorial

Una de las innovaciones más significativas de esta ley es la atribución de competencias fundamentales al titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Entre sus nuevas responsabilidades se encuentra el diseño e implementación de políticas integrales para la gestión del suelo urbano, la promoción activa de acciones para garantizar la dotación de infraestructura y servicios básicos esenciales, y la administración de la regularización territorial en una estrecha sinergia con las autoridades de las alcaldías.

Adicionalmente, se contempla la intervención estratégica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) en la ordenación de áreas con potencial de conurbación o conformación de zonas metropolitanas. Su labor se desarrollará en estrecha colaboración con las administraciones locales para asegurar un crecimiento ordenado y sostenible.

En cuanto a la problemática de los asentamientos irregulares, el artículo 49 de la propuesta establece una prohibición explícita de la expansión urbana sobre zonas de alto valor ambiental o patrimonial natural. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá la obligación de implementar medidas efectivas para prevenir y controlar este tipo de desarrollos.

Impulso Decisivo a la Vivienda y el Desarrollo Urbano Inclusivo

La futura Ley de Ordenamiento Territorial también se enfoca en dinamizar el sector de la vivienda y promover un desarrollo urbano más equitativo. Se instruye al gobierno local a fomentar activamente programas de apoyo financiero y técnico dirigidos a la mejora y expansión de la oferta de viviendas en predios familiares. Este componente es de vital importancia, especialmente en zonas históricas, pueblos, barrios y colonias populares, buscando dignificar las condiciones habitacionales y facilitar el acceso a una vivienda digna para todos los capitalinos.

La iniciativa ha sido turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su exhaustivo análisis, dictaminación y posterior debate y votación en el pleno. Este proceso marca un hito crucial en la evolución de la planificación urbana en la Ciudad de México, apuntando hacia un futuro más ordenado, sostenible y participativo.


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