El Tribunal Supremo de Justicia de la Nación (SCJN) marca un hito al convocar su primer encuentro público el 20 de octubre, enfocado en la escucha activa de las voces de personas con discapacidad. El objetivo principal es discernir la viabilidad de anular leyes que no hayan considerado la consulta a este colectivo, sentando un precedente en la administración de justicia.
Originalmente programada para resolverse este lunes, la declaratoria de inconstitucionalidad 182/2024, impulsada por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, fue pospuesta. Esta decisión responde a la solicitud de las propias personas con discapacidad, quienes desean que sus perspectivas sean plenamente integradas en el proceso de deliberación.
El ministro presidente Hugo Aguilar enfatizó la importancia de este diálogo al comunicar: “Hemos recibido solicitudes de audiencia de diversas organizaciones y personas interesadas en los temas abordados en esta declaratoria de inconstitucionalidad, y quiero informarles que hemos decidido organizar la primera audiencia pública sobre asuntos de gran relevancia. Invito a todas las organizaciones a estar atentas a la convocatoria para participar en esta sesión pública”.
Esta importante resolución permitirá a la Corte reevaluar y potencialmente modificar el criterio legal vigente sobre la invalidación de normativas. La clave reside en si se considerará un requisito indispensable la consulta previa a individuos con discapacidad antes de la promulgación de leyes que les afecten.
Previamente, los magistrados sostuvieron una productiva reunión con representantes del Movimiento de Personas con Discapacidad y voceros de diversas organizaciones de la sociedad civil. Este encuentro preparatorio reafirmó el compromiso de la Corte con la inclusión.
Durante la citada reunión, el ministro Aguilar anunció formalmente la decisión del Pleno de celebrar la audiencia pública, consolidando así el compromiso con la participación ciudadana.
El ministro Irving Espinosa Betanzo subrayó que esta iniciativa forma parte de una visión transformadora orientada a la construcción de un sistema de justicia verdaderamente equitativo y accesible para todos.
“La justicia para todos no es un asunto exclusivo de abogados; es un derecho fundamental que debe ser accesible para cada persona. De esta manera se edifica la justicia, especialmente aquella de carácter social.”
El ministro concluyó con una promesa de compromiso y receptividad: “Les aseguro que esta iniciativa que pondremos en marcha, sin precedentes en México, se abordará con la máxima responsabilidad, con profundo respeto por sus derechos y su dignidad como personas, y estaremos muy receptivos a sus aportaciones”.
aDB
