Nueva Ley de Aguas en México: Reforma Integral para la Gestión Sostenible del Recurso Hídrico

México se encuentra en un momento definitorio para su futuro hídrico con la inminente promulgación de una nueva Ley General de Aguas y la modificación de la actual Ley de Aguas Nacionales. Esta trascendental iniciativa, que avanza en la Cámara de Diputados, se proyecta como una reforma de profundo impacto, comparable a la reforma agraria de 1917, según análisis legislativos.

La propuesta gubernamental se fundamenta en tres pilares esenciales:

1. Garantizar el Derecho Humano al Agua: Se establecerá el acceso gratuito y prioritario a 60 litros diarios de agua para uso personal y doméstico por cada ciudadano mexicano.
2. Erradicar la Especulación y el Mercado Negro: El Estado reafirmará su rectoría sobre el agua, combatiendo eficazmente las prácticas ilícitas y de corrupción asociadas a su manejo.
3. Ordenar y Regularizar las Concesiones: Se implementarán mecanismos rigurosos para prevenir la ilegalidad y la corrupción, prohibiendo la transferencia, herencia o venta no autorizada de las concesiones de agua.

Impulsando la Transparencia y la Justicia en la Gestión Hídrica

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento ha sostenido diálogos clave con representantes de la Presidencia y el área jurídica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para avanzar en esta crucial legislación, enviada el 8 de octubre de 2025. Se anticipa su aprobación durante el actual periodo legislativo, que concluye el 30 de noviembre.

El sector empresarial, a través de voceros como Eduardo Fuhrken, ha manifestado su interés en una legislación actualizada, reconociendo que la ley vigente, con más de cuatro décadas de antigüedad, requiere modernización. Si bien apoyan las reformas, enfatizan la necesidad de ajustes que aseguren un equilibrio equitativo.

Estrategias para Combatir el Mercado Negro de Agua

Una de las transformaciones más significativas de la reforma es el combate frontal al mercado negro del agua. Con la nueva ley, los titulares de licencias de explotación —incluyendo agricultores, ganaderos, ejidatarios y empresarios— perderán la facultad de vender, ceder o intercambiar el recurso hídrico con terceros.

El futuro marco legal, en su Capítulo IV de Infracciones y Sanciones Administrativas, establece claramente en sus artículos 119, apartados XXV y XXVI:

“Ceder, suministrar, intercambiar por pago en especie, o proporcionar de cualquier forma a terceros, provisional o definitivamente, el uso parcial o total de las aguas materia de los títulos de concesión asignada o permisos; transmitir los títulos de concesión o los permisos..”

Mayor Control y Transparencia en las Concesiones Hídricas

Se instaurará un proceso de otorgamiento de concesiones más riguroso. A diferencia de los periodos prolongados actuales de hasta 30 años, la nueva ley contempla una revisión anual de las concesiones. Esta evaluación verificará el aprovechamiento real del agua concedida en comparación con el volumen autorizado.

Asimismo, las tierras que cambien de propietario y posean una licencia de explotación de un pozo, deberán ser transferidas sin incluir la “plusvalía” del agua. Al formalizar la transacción, la licencia de agua será reintegrada a la Conagua. La Conagua determinará entonces el volumen a asignar al nuevo propietario o si se le otorga una nueva concesión, desincentivando así el uso patrimonialista del recurso.

El artículo 56 bis vigente permite la transmisión de derechos de agua junto con la propiedad de la tierra. La propuesta para el nuevo artículo 56 bis estipula que, en estos casos, se deberá solicitar a la Conagua la reasignación de volúmenes para el nuevo titular, independientemente del análisis de disponibilidad.

Eliminación de Concesiones Hereditarias y Mecanismos de Revocación

La nueva ley de aguas pondrá fin al carácter hereditario de las licencias. Una vez en vigor, la titularidad de una licencia de agua cesará con el fallecimiento de su titular. La Conagua tendrá la facultad de decidir sobre la concesión de una nueva licencia al heredero de la tierra.

Una medida crucial será la revocación de concesiones para aquellos titulares que no hayan utilizado el agua a la que tienen derecho durante un periodo de dos años consecutivos. Esta disposición busca promover un uso eficiente del recurso y prevenir su acaparamiento especulativo, siendo especialmente relevante para actividades productivas que dependen del agua concesionada en épocas de escasez.

Adicionalmente, los distritos de riego no podrán modificar unilateralmente el uso del agua sin la previa autorización de la Conagua, de acuerdo con el artículo 75, inciso III.

Regulación de la Captación de Agua Pluvial para la Protección de Recursos

El artículo 82 bis de la iniciativa establece que la captación de agua pluvial, cuando no esté destinada a consumo personal o doméstico, requerirá la autorización previa de la “Autoridad del Agua” (Conagua). El objetivo es garantizar que estas prácticas no comprometan la disponibilidad general del recurso hídrico ni afecten a terceros.

El Derecho Humano al Agua: Una Prioridad Nacional

La reforma establece la salvaguarda de 60 litros de agua diarios por persona como un componente fundamental del derecho humano al acceso al agua. Sin embargo, aún resta definir la dependencia gubernamental encargada de cubrir el costo del suministro para los aproximadamente 120 millones de habitantes, especialmente considerando las limitaciones de infraestructura de muchos servicios municipales para una medición precisa.

Actualmente, solo el 58% de la población mexicana cuenta con acceso diario a agua en su hogar. Estados como Guerrero presentan escenarios críticos, con un acceso del 64% en zonas urbanas y tan solo el 39% en áreas rurales. Catorce estados del país enfrentan rezagos significativos en el acceso cotidiano al agua.

El Agua como Pilar de la Seguridad Nacional

Eduardo Furhken destacó ante los diputados la importancia crítica del agua como elemento de seguridad nacional, subrayando que su escasez genera consecuencias inmediatas e irreversibles para la vida humana, a diferencia de otros servicios. Hizo un llamado a abordar la problemática del agua sin tintes partidistas, reconociéndola como un bien esencial que demanda la cooperación de toda la sociedad.

El sector privado, consciente de las ramificaciones, reconoce que las afectaciones de una ley mal concebida impactarían a todos los sectores productivos del país. La realidad en estados como Durango, donde existen vedas hídricas de 40 años a pesar de la disponibilidad de agua subterránea, evidencia la urgencia de un cambio legislativo.

Los empresarios han manifestado su oposición a la necesidad de recurrir al mercado negro para obtener el derecho a operar, argumentando que esta prerrogativa debe emanar de la nación. Si bien apoyan la ley, expresan inquietud por ciertas disposiciones que podrían derivar en conflictos. La inseguridad en el campo y las presiones económicas sobre el sector agrícola son factores que, combinados con una legislación hídrica ineficiente, podrían agravar los desafíos existentes.

Un reto adicional reside en la capacidad operativa de la Conagua. A pesar de administrar un vasto sistema de cuencas y acuíferos, sus presupuestos han experimentado una disminución sostenida en los últimos años. Este escenario genera interrogantes sobre la viabilidad de implementar eficazmente las nuevas disposiciones.

Metas Fundamentales de la Iniciativa Gubernamental:

La propuesta del gobierno federal busca alcanzar objetivos estratégicos para fortalecer la gestión del agua en México:

* Fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
* Reafirmar la rectoría del Estado en la gestión del agua, asegurando la seguridad hídrica para las generaciones presentes y futuras.
* Optimizar el régimen de concesiones para lograr una distribución equitativa y eficiente de los recursos hídricos.

aDB