Nueva Ley de Aguas en México: Una Reforma Profunda para la Gestión Hídrica Nacional

México se encuentra en un momento crucial para su futuro hídrico con la discusión de una nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Esta iniciativa, que se analiza en la Cámara de Diputados, se perfila como una transformación de gran alcance, comparable a la reforma agraria de 1917, según estimaciones de legisladores de diversas bancadas.

La propuesta gubernamental se centra en tres pilares fundamentales:

1. Garantizar el Derecho Humano al Agua: Se plantea asegurar el acceso a 60 litros diarios de agua para uso personal y doméstico por cada mexicano, de manera gratuita.
2. Erradicar el Mercado Negro y la Especulación: El Estado busca recuperar la rectoría sobre el agua, poniendo fin a prácticas ilícitas y corruptas en su manejo.
3. Ordenar y Regularizar las Concesiones: Se implementarán mecanismos para evitar la ilegalidad y la corrupción, impidiendo la transferencia, herencia o venta de las concesiones de agua.

Un Camino Hacia la Transparencia y la Justicia Hídrica

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento se ha reunido con representantes de la Presidencia y el departamento jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evaluar el avance de esta importante iniciativa, enviada el 8 de octubre de 2025. Existe la expectativa de que sea aprobada durante el actual periodo legislativo, que concluye el 30 de noviembre.

El sector empresarial, representado por Eduardo Fuhrken y otros líderes, ha expresado su interés en una nueva ley, reconociendo que la legislación actual, con más de 40 años, está desfasada. Si bien apoyan la modernización, señalan la necesidad de ajustar ciertos aspectos para asegurar un equilibrio.

¿Cómo Combatirá la Nueva Ley el Mercado Negro del Agua?

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es el cierre definitivo al mercado negro del agua. Esto significa que los titulares de licencias de explotación –incluyendo campesinos, rancheros, ejidatarios y empresarios– ya no podrán vender, ceder o intercambiar el líquido con terceros.

El futuro instrumento legal, en su Capítulo IV de Infracciones y Sanciones Administrativas, especifica en sus artículos 119, apartados XXV y XXVI:

“Ceder, suministrar, intercambiar por pago en especie, o proporcionar de cualquier forma a terceros, provisional o definitivamente, el uso parcial o total de las aguas materia de los títulos de concesión asignada o permisos; transmitir los títulos de concesión o los permisos..”

Concesiones Bajo Nueva Lupa: Revisión Anual y Fin del Uso Patrimonialista

Se establecerá un proceso riguroso para el otorgamiento de concesiones. A diferencia de los periodos de hasta 30 años actuales, la nueva ley propone una revisión anual de las concesiones, evaluando el aprovechamiento real del agua concesionada frente al volumen ocupado.

Además, las tierras que cambien de propietario y cuenten con licencia de explotación de un pozo de agua, deberán ser vendidas sin la “plusvalía” del agua. Al formalizar la transacción, la licencia de agua se entregará a la Conagua, quien determinará el volumen a asignar al nuevo propietario, o si se le otorga agua. Con esto, se busca erradicar el uso patrimonialista del recurso.

El artículo 56 bis vigente permite la transmisión de derechos de agua al transferir la titularidad de la tierra. La propuesta para el nuevo artículo 56 bis establece que en estos casos, se deberá solicitar a la Conagua la reasignación de volúmenes para el nuevo titular, sin análisis de disponibilidad.

Fin de las Concesiones Hereditarias y Revocación por Inactividad

La nueva ley de aguas eliminará el carácter hereditario de las licencias. A partir de su entrada en vigor, la titularidad de una licencia de agua cesará con el fallecimiento de su titular. La Conagua será la encargada de decidir si se otorga una nueva licencia al heredero de la tierra.

Una medida significativa será la revocación de concesiones para aquellos que no hayan utilizado el agua a la que tienen derecho durante un periodo de dos años. Esta disposición busca fomentar un uso eficiente y evitar la retención especulativa del recurso, especialmente relevante para procesos productivos que dependen del agua concesionada en temporadas de sequía.

Por otra parte, los distritos de riego no podrán cambiar totalmente el uso del agua sin la previa autorización de la Conagua, conforme al artículo 75 inciso III.

Captación de Agua Pluvial: Regulación para Proteger Recursos

El artículo 82 bis de la iniciativa establece que la captación de agua pluvial, cuando no sea para consumo personal o doméstico, requerirá la autorización de la “Autoridad del Agua” (Conagua). El objetivo es asegurar que estas prácticas no afecten la disponibilidad del recurso hídrico ni perjudiquen a terceros.

El Derecho Humano al Agua: Un Compromiso Nacional

La iniciativa contempla la protección de 60 litros de agua diarios por persona como parte del derecho humano al acceso al agua. Sin embargo, aún está por definirse qué dependencia asumirá el costo del suministro a los aproximadamente 120 millones de habitantes, especialmente considerando las limitaciones de infraestructura de muchos servicios municipales para una medición precisa.

Actualmente, solo el 58% de la población mexicana tiene acceso diario a agua en su domicilio. Estados como Guerrero enfrentan una situación crítica, con un acceso del 64% en zonas urbanas y solo el 39% en áreas rurales. Catorce estados del país presentan un rezago significativo en el acceso diario al agua.

Seguridad Nacional y la Vital Importancia del Agua

Eduardo Furhken subrayó ante los diputados la vital importancia del agua como elemento de seguridad nacional, enfatizando que su carencia tiene consecuencias inmediatas e irreversibles para la vida humana, a diferencia de otros servicios. Hizo un llamado a abordar el tema hídrico sin intereses partidistas, reconociéndolo como un bien esencial que requiere el cuidado de toda la sociedad.

El sector privado, lejos de ser un actor ajeno a las implicaciones, reconoce que las afectaciones de una ley mal diseñada repercutirían en todos los sectores productivos del país. La realidad en estados como Durango, donde existen vedas hídricas de hace 40 años a pesar de la disponibilidad de agua subterránea, evidencia la necesidad de un cambio.

Los empresarios han manifestado su oposición a la necesidad de recurrir al mercado negro para obtener el derecho a trabajar, sosteniendo que esta prerrogativa debe emanar de la nación. Si bien apoyan la ley, expresan preocupación por ciertas condiciones que podrían generar conflictos. La situación de inseguridad en el campo y las presiones económicas sobre el sector agrícola son factores que, sumados a una legislación hídrica inadecuada, podrían agravar los problemas.

Un desafío adicional radica en la capacidad operativa de la Conagua. A pesar de administrar un vasto sistema de cuencas y acuíferos, sus presupuestos han experimentado una disminución constante en los últimos años. Este escenario plantea interrogantes sobre la viabilidad de implementar las nuevas disposiciones de manera efectiva.

Objetivos Clave de la Iniciativa Gubernamental:

La propuesta del gobierno federal persigue metas claras para fortalecer la gestión del agua en el país:

• Fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
• Recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua, asegurando la seguridad hídrica para las generaciones presentes y futuras.
• Ordenar el régimen de concesiones para lograr una distribución equitativa de los recursos hídricos.

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