Nueva Ley Contra la Extorsión: Medidas Estrictas para Combatir Delitos Penitenciarios
Las autoridades mexicanas han dado un paso decisivo en la lucha contra la extorsión con la aprobación de una nueva ley integral. Esta legislación, que busca endurecer las sanciones y mejorar los mecanismos de control, establece un plazo de seis meses para que los centros penitenciarios implementen tecnologías que impidan el uso de dispositivos de comunicación por parte de los reclusos.
Objetivos Clave de la Nueva Legislación Antiextorsión
La ley aprobada por unanimidad en comisiones del Senado, con 33 votos a favor, no solo incrementa las penas para los delincuentes, sino que también aborda directamente las facilidades que podrían existir dentro de los establecimientos penitenciarios para la comisión de delitos. El objetivo principal es erradicar la posibilidad de que los internos utilicen teléfonos celulares u otros dispositivos para continuar actividades delictivas.
Plazo de 180 Días para la Implementación Tecnológica
Un aspecto fundamental de la nueva normativa es el régimen transitorio, que otorga 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto. Durante este periodo, las autoridades penitenciarias deberán establecer y poner en marcha los procedimientos y tecnologías necesarios para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación, y cualquier tipo de transmisión de voz, datos o imagen dentro de los recintos.
El artículo 38 de la ley especifica claramente esta obligación:
“Los centros penitenciarios deberán establecer, conforme a las disposiciones aplicables, los procedimientos y las tecnologías correspondientes para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen, dentro de su perímetro.”
Sanciones por Incumplimiento
La ley es clara en cuanto a las consecuencias del incumplimiento de estas disposiciones. El no acatar lo establecido en el artículo 38 será considerado una falta grave en materia de responsabilidades administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que se pudiera incurrir.
Ampliación de Penas y Responsabilidades
Además de las medidas tecnológicas, la nueva ley contra la extorsión contempla un endurecimiento significativo de las penas y un aumento en la responsabilidad de los funcionarios penitenciarios.
Sanciones para Autoridades Penitenciarias
Se establece que las personas directoras de los centros penitenciarios, tanto federales como de las entidades federativas, deberán tomar las medidas necesarias para asegurar que las personas sentenciadas por extorsión no tengan acceso a medios digitales como teléfonos celulares, tabletas o computadoras.
El artículo 24 de la ley introduce una severa sanción para los servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten o permitan la comisión de delitos de extorsión. A la pena base de 15 a 25 años de prisión, se le sumarán entre tres y cinco años adicionales, resultando en una pena máxima de hasta 30 años de prisión para estos individuos.
Reparación del Daño y Destino de Recursos Decomisados
La ley refuerza la importancia de la reparación del daño a las víctimas, al establecer que esta tendrá el carácter de pena pública y deberá ser impuesta a todo imputado declarado culpable.
Asimismo, se determina que los recursos económicos obtenidos a través de procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio, derivados de delitos de extorsión, serán preferentemente destinados a la restitución de los derechos de las víctimas.
Proceso Legislativo y Consenso Político
La aprobación de esta ley ha sido producto de un consenso entre diversas fuerzas políticas en el Senado. Senadores de oposición como Alejandra Barrales (MC), Carolina Viggiano (PRI) y Guadalupe Murguía (PAN) anunciaron su respaldo, reconociendo la importancia de los cambios para dar una respuesta efectiva a este delito. Por su parte, bancadas oficialistas como el PT, Verde y Morena expresaron su apoyo total al dictamen.
Se espera que el pleno del Senado apruebe la ley en los próximos días y la devuelva a la Cámara de Diputados para su ratificación.
Puntos Clave de la Ley
- Plazo de 180 días: Para que los centros penitenciarios implementen tecnologías de inhibición de comunicaciones.
- Inhibición de Comunicaciones: Bloqueo de llamadas celulares, radiocomunicación, y transmisión de voz, datos o imagen.
- Sanciones a Autoridades: Hasta 30 años de prisión para funcionarios penitenciarios que faciliten o permitan delitos de extorsión.
- Restricción de Medios Digitales: Prohibición de acceso a celulares, tabletas y computadoras para reclusos.
- Falta Grave Administrativa: El incumplimiento de las medidas de seguridad será considerado una falta grave.
- Reparación del Daño: Considerada pena pública y prioritaria para las víctimas.
- Destino de Recursos: Decomisos se utilizarán prioritariamente para reparar a las víctimas.
Esta nueva legislación representa un esfuerzo significativo del Estado mexicano para fortalecer la seguridad pública y proteger a los ciudadanos de uno de los delitos más perjudiciales.
