Un incidente captado en video y difundido este jueves 30 de octubre ha provocado indignación generalizada en Estados Unidos, al presuntamente mostrar un acto de abuso de autoridad por parte de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El suceso involucra a una ciudadana estadounidense que fue sometida con violencia en un área de estacionamiento mientras sus hijos se encontraban en el interior de su automóvil.
Según testimonios de personas que presenciaron el hecho, la mujer estaba al volante cuando varios oficiales rodearon su vehículo sin exhibir ninguna autorización judicial. En un lapso muy breve, los agentes dispararon contra el parabrisas del coche, ignorando las súplicas de la conductora, quien alertaba sobre la presencia de sus hijos en el asiento trasero.
El desenlace causó alarma entre los testigos, quienes intentaron documentar el suceso, pero fueron disuadidos por los propios funcionarios. Posteriormente, la mujer fue extraída a la fuerza del automóvil, que presentaba el parabrisas destrozado y numerosas marcas de impactos en su estructura.
Intervención de ICE genera alarma en un centro comercial de Aurora, Illinois
A la fecha, no se ha proporcionado información sobre la cantidad de disparos efectuados ni el motivo detrás de la acción policial. Tampoco se ha comunicado oficialmente el estado de salud de la mujer o de los niños involucrados. No obstante, varios testigos coinciden en que los agentes no presentaron orden alguna ni explicaron los motivos de su intervención.
“Fue un empleo excesivo de la fuerza, sin orden ni justificación”, declaró un observador, cuyas grabaciones del acontecimiento se difundieron rápidamente en plataformas digitales.
Aunque el ICE no ha emitido una declaración oficial sobre los hechos, diversas agrupaciones ciudadanas y promotoras de derechos humanos han solicitado una investigación exhaustiva e inmediata. Estas organizaciones señalan que el incidente pone de manifiesto una alarmante falta de claridad en los procedimientos de la agencia.
Conforme a informes iniciales divulgados por medios locales, la persona afectada es una ciudadana de Estados Unidos sin historial delictivo ni órdenes de arresto previas. Ante esto, colectivos defensores de derechos humanos han advertido que el caso podría representar una flagrante vulneración de derechos constitucionales, e instan a la intervención directa del Departamento de Justicia.
