Un tribunal de Nayarit emitió un fallo favorable para una empleada que fue cesada de su puesto laboral de manera improcedente por una gran cadena de tiendas. La decisión judicial reconoció que el cese de actividades estuvo motivado por violencia en el lugar de trabajo, así como por prejuicios de género y desequilibrios de poder. Este caso sienta un precedente significativo en la protección de los derechos laborales de las mujeres, al integrar un análisis con una marcada perspectiva de equidad de género.
Según la evaluación del tribunal, existen pruebas contundentes de que el despido se debió directamente al estado de gestación de la empleada, lo que contraviene tanto la legislación nacional como los principios constitucionales y los acuerdos internacionales que salvaguardan a las mujeres durante el embarazo y la maternidad.
El organismo judicial subrayó la necesidad de ofrecer una protección adicional a las futuras madres contra prácticas laborales que atenten contra su dignidad, su seguridad económica y su acceso a la justicia.
El Tribunal de Nayarit identifica violencia laboral y discriminación por género
En su dictamen, la instancia judicial determinó que la destitución de la empleada constituyó un acto de hostilidad laboral, al menoscabar directamente sus derechos humanos y laborales, sumiéndola en una situación de precariedad económica y emocional.
Adicionalmente, se determinó la existencia de discriminación basada en el género, dado que el despido se relacionó directamente con su estado de embarazo, una acción prohibida por la Ley Federal del Trabajo y por diversos tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres.
La sentencia destacó que este tipo de acciones perpetúan esquemas de exclusión históricos que afectan a numerosas mujeres en México y que profundizan las disparidades en el ámbito profesional.
Compensación económica, sueldos no percibidos y medidas de restauración
El tribunal ordenó a la compañía realizar el pago de la compensación que le correspondía a la trabajadora, así como abonar los sueldos que dejó de percibir e intereses, como parte de la reparación del perjuicio económico sufrido. Asimismo, dada la discriminación probada durante el proceso legal, se estableció una medida adicional de reparación integral: la exempleada recibirá apoyo psicológico especializado por parte del Centro de Justicia para la Mujer, una entidad adscrita al Poder Judicial de Nayarit.
Otra de las disposiciones dictadas por la autoridad laboral es que la empresa deberá difundir una disculpa pública en un medio impreso de circulación regional o nacional, reconociendo la violación de los derechos de la trabajadora y comprometiéndose a erradicar cualquier práctica discriminatoria en el futuro.
El Poder Judicial de Nayarit reafirma su compromiso con los derechos de las mujeres
Mediante esta resolución, el Poder Judicial estatal puso de manifiesto la relevancia de asegurar entornos laborales seguros, libres de hostilidad y sin ningún tipo de discriminación, especialmente para mujeres embarazadas, madres trabajadoras y personas en situaciones de vulnerabilidad.
El fallo subraya la responsabilidad institucional de impartir justicia basándose en los derechos humanos y una perspectiva de género, garantizando la igualdad real en el ámbito laboral.
