El partido Morena en la Cámara de Diputados está proponiendo la imposición de sanciones penales para aquellos individuos que empleen las redes sociales con el propósito de incitar, alentar o facilitar que otra persona ponga fin a su vida.
Esta medida se articula a través de una iniciativa de reforma al artículo 312 del Código Penal Federal, impulsada por la diputada de Morena, Mónica Fernández César.
En consecuencia, esta conducta acarrearía penas de entre uno y cinco años de privación de libertad, elevándose a un rango de cuatro a doce años si la instigación resulta en la ejecución directa del acto.
En caso de que se compruebe el uso de plataformas digitales para la perpetración de este delito, el responsable se enfrentaría a una condena adicional equivalente a la mitad de la sanción inicial, lo que podría resultar en hasta 12 años de cárcel.
Si el acto se lleva a cabo de forma colectiva, aparte de las repercusiones penales, se aplicarían sanciones económicas que oscilan entre 11,314 y 67,884 pesos.
Fernández César enfatizó que el objetivo no es criminalizar las decisiones individuales, sino penalizar a quienes, sirviéndose de medios digitales, influyen o persuaden a otros a suicidarse, una práctica ya contemplada en legislaciones de naciones como Australia y Japón.
Mencionó que, en los últimos años en México, ha habido un aumento en la proliferación de grupos sectarios y colectivos en línea que actúan como manipuladores emocionales, explotando las inestabilidades psicológicas y las condiciones socioeconómicas desfavorables de las personas. Aseveró que estas acciones han llegado a promover o incitar al suicidio.
“La finalidad es resguardar a los usuarios, particularmente a los jóvenes, ante aquellos que emplean medios digitales para ejercer coacción psicológica que culmine en perjuicios o fallecimientos autoinducidos”, señaló.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas que son blanco de acoso en línea tienen una probabilidad entre dos y tres veces mayor de intentar quitarse la vida.
Asimismo, los sectores poblacionales más afectados en México incluyen a niños, adolescentes y jóvenes entre los 10 y 29 años, así como a mujeres jóvenes, la comunidad LGBTQ+ y poblaciones que residen en zonas rurales o pertenecen a comunidades indígenas.
