El nuevo titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Benjamín Rubio Chávez, ha establecido como prioridades el acercamiento de servicios legales a comunidades indígenas y la reactivación de un laboratorio de ciencias forenses.
En una conversación con El Heraldo de México, a poco más de un mes de asumir el cargo, Rubio Chávez detalló los desafíos que enfrenta el IFDP, las reformas internas para una mayor cercanía con la población, la continuidad de programas previos, la reforma a la Ley de Amparo y las dificultades de las defensorías locales. Señaló que la mayoría de los defensores públicos federales se concentran en áreas urbanas, por lo que es esencial expandir la cobertura a zonas remotas mediante brigadas itinerantes.
“El 17 de octubre marca el inicio de esta iniciativa. En Hidalgo, específicamente en Huejutla, un municipio de la Huasteca Potosina con una población mayoritariamente náhuatl, hemos desplazado a un asesor para ofrecer una consulta jurídica combinada e intercultural”, explicó.
Aclaró que la dotación actual de asesores jurídicos y defensores públicos (356 y 870, respectivamente) es suficiente para cubrir la demanda del IFDP, sin necesidad de incrementar el personal. Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, el instituto gestionó 32,159 casos de defensa penal y 33,413 de asesoría legal.
Iniciativa para establecer un laboratorio forense en el IFDP
Rubio Chávez anunció que solicitará al Órgano de Administración Judicial (OAJ) la revitalización del proyecto para la creación de un laboratorio de ciencias forenses en el IFDP. Actualmente, la institución cuenta con un equipo de 60 peritos en 37 especialidades que proporcionan más de 25,000 servicios, lo que hace necesaria una instalación de mayor envergadura.
Esta propuesta ya había sido planteada por Netzaí Sandoval, anterior director del IFDP, quien en 2022 sugirió utilizar un edificio del entonces Consejo de la Judicatura Federal en Tlalnepantla, que se encontraba desocupado y había sido destinado a tribunales. Rubio Chávez confirmó que dicho inmueble sigue sin uso y podría ser una opción, sujeto a la decisión del OAJ.
“Reactivaremos el proyecto, ya que quedó pendiente. Es una idea valiosa que podría ser de gran ayuda para nuestros defensores y asesores en los procesos judiciales”, afirmó.
El magistrado garantizó la continuidad de programas como la representación legal para mujeres privadas de libertad y familiares de víctimas de feminicidio, con planes de extender esta asistencia a menores que han sufrido violencia sexual.
Taissia Cruz Parcero, exdirectora del Instituto, había subrayado la importancia de una Ley General de Defensoría Pública para estandarizar los protocolos de atención. En este sentido, el magistrado coincidió en la conveniencia de unificar las defensorías federales y locales en una sola entidad.
“La fragmentación actual entre defensorías locales y federales, además de las procuradurías, exige una gran movilidad para acceder a los servicios. Esto puede generar inconvenientes, como la pérdida de tiempo y recursos para el ciudadano que es remitido a otra instancia por incompetencia”, señaló.
Compartió la perspectiva de Cruz Parcero sobre el sobrecargo de trabajo en las defensorías estatales. El magistrado consideró la reforma a la Ley de Amparo como necesaria y resaltó sus aspectos positivos.
“Valoro positivamente la obligación impuesta a los jueces de analizar todos los puntos necesarios en las medidas cautelares, incluyendo la apariencia del buen derecho, una omisión frecuente en la práctica judicial anterior”, explicó.
Ante la pregunta de si esta reforma afectaría a la Defensoría Pública, respondió:
“Podría impactar en las defensas. Nuestros asesores y defensores deberán, si una norma resulta ser inconstitucional, hacerla valer mediante los recursos pertinentes. Si una norma vigente o anterior nos afecta, debemos impugnarla mediante amparo contra leyes”, indicó.
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